La Autoridad Ambiental Minera (AAM) —integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente— aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la etapa de prospección del proyecto de sales de potasio Potasio Cancambria, en el departamento de Malargüe.
La iniciativa se centra en la exploración de silvinita, una sal de potasio ampliamente utilizada en la producción de fertilizantes. Este mineral cumple un rol esencial en la nutrición de los cultivos: mejora su crecimiento, fortalece su resistencia frente a condiciones adversas y contribuye a la calidad de los alimentos.
“Su relevancia trasciende lo local, ya que el potasio es uno de los tres nutrientes básicos de la agricultura a nivel mundial y, a diferencia de otros insumos, no puede producirse artificialmente, sino que debe extraerse de formaciones geológicas específicas”, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal.
El avance del proyecto en Malargüe no solo implica el estudio de un recurso natural, sino también la generación de conocimiento sobre un insumo clave para la seguridad alimentaria global.
Una etapa inicial enfocada en el conocimiento del recurso
La aprobación otorgada por la Autoridad Ambiental Minera habilita exclusivamente tareas de prospección, es decir, estudios técnicos acotados destinados a caracterizar el recurso en el subsuelo. Se trata de una fase inicial que no contempla explotación minera ni intervenciones a gran escala, sino trabajos controlados que permiten evaluar la calidad y cantidad del potasio disponible.
Este tipo de estudios constituye la base para cualquier desarrollo futuro, ya que permite tomar decisiones informadas a partir de datos concretos. En caso de avanzar hacia etapas posteriores, será necesario atravesar nuevas instancias de evaluación ambiental y administrativa, conforme a lo establecido por la normativa.
La Declaración de Impacto Ambiental fue otorgada luego de verificar el cumplimiento integral del procedimiento de evaluación, en el marco de la Ley 5961 y su Decreto Reglamentario 820/06. Este esquema normativo establece que toda actividad minera debe ser analizada con criterios de protección ambiental, transparencia, participación ciudadana y desarrollo sostenible.
Un proceso técnico, legal y participativo
En febrero, la Autoridad Ambiental Minera presentó el Informe Circunstanciado final del procedimiento de Evaluación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto. Este documento reúne de manera detallada todas las actuaciones administrativas, técnicas y participativas desarrolladas a lo largo del proceso.
El informe incluye los dictámenes técnicos y sectoriales, la intervención de organismos especializados como la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y el registro completo de las instancias de participación ciudadana. Asimismo, garantiza el acceso público a toda la documentación, lo que permite asegurar transparencia, trazabilidad y control ciudadano sobre cada etapa del procedimiento.
La Audiencia Pública, realizada el 20 de diciembre de 2025 en modalidad híbrida —presencial en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe y virtual con transmisión en vivo—, constituyó un hito central del proceso. En total, se inscribieron 81 personas y expusieron 37 oradores, cuyas intervenciones se manifestaron en su totalidad a favor del proyecto, sin registrarse objeciones.
Durante esa instancia, los aportes de la comunidad y de los distintos sectores coincidieron en tres ejes principales: el potencial de generación de empleo y dinamización económica en el Sur provincial, la importancia estratégica del potasio para la agricultura y la necesidad de sostener controles ambientales rigurosos en todas las etapas del proyecto.
También se puso en valor el carácter de la etapa evaluada, destacando que se trata de actividades iniciales, acotadas y reguladas por el Estado, orientadas exclusivamente a la obtención de información geológica.
El proyecto deberá desarrollarse bajo un esquema de control permanente, que incluye inspecciones, seguimiento técnico y la obligación de informar cualquier modificación respecto de las condiciones evaluadas. Asimismo, la Declaración de Impacto Ambiental deberá actualizarse de manera periódica, incorporando los avances y eventuales cambios que surjan durante la