El proyecto en tratamiento en el Congreso plantea mejorar la delimitación del ambiente periglacial y la articulación entre Nación y provincias, en un contexto donde Mendoza cuenta con un sistema ambiental robusto y consolidado.
La Ley Nacional Nº 26.639, conocida como Ley de Glaciares, es una norma argentina que, desde su sanción en 2010, estableció presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Estos ecosistemas fueron definidos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo. En este marco, la ley establece prohibiciones específicas para actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y su entorno.
La sanción de esta norma posicionó a Argentina entre los países que cuentan con legislación específica para la protección de ambientes glaciares y de alta montaña. A lo largo de más de una década de implementación, distintos organismos técnicos y jurisdicciones provinciales han acumulado experiencia en su aplicación en territorios con características muy diversas.
¿Qué se está discutiendo hoy?
Durante las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional en febrero de 2026 se debatieron propuestas orientadas a revisar algunos criterios vinculados a la aplicación de la Ley de Glaciares. Entre los aspectos que forman parte del debate legislativo se encuentran la precisión de ciertos criterios técnicos asociados a la identificación de la función hídrica de glaciares y geoformas periglaciales, así como la articulación de competencias entre la Nación y las provincias en la gestión de estos ambientes.
Se trata de un debate que involucra dimensiones científicas, jurídicas y de gestión territorial, y que actualmente se encuentra en tratamiento dentro del ámbito legislativo nacional.
El marco ambiental de Mendoza
En este contexto, es importante señalar que la provincia de Mendoza cuenta con uno de los sistemas de regulación ambiental más exigentes del país. Su marco normativo combina legislación provincial, procedimientos de evaluación ambiental obligatorios, instancias de control técnico y participación pública en los procesos de aprobación de proyectos.
Entre otras herramientas, Mendoza dispone de un sistema de evaluación de impacto ambiental consolidado, normas específicas para la protección del agua y del ambiente, y un conjunto de organismos técnicos encargados de analizar, controlar y monitorear las actividades que se desarrollan en su territorio.
Este entramado institucional configura un cuerpo normativo ambiental particularmente robusto, que permite aplicar de manera efectiva tanto la legislación nacional vigente como cualquier actualización normativa que eventualmente se adopte en el ámbito federal.
En una provincia donde el agua es un recurso estratégico, la gestión ambiental y la planificación territorial forman parte central de las políticas públicas. En ese marco, los estudios científicos, los inventarios glaciológicos y las evaluaciones ambientales de detalle constituyen herramientas clave para comprender el funcionamiento de los ecosistemas de alta montaña y orientar la toma de decisiones.
Más allá de los debates legislativos en curso, la experiencia de gestión en Mendoza muestra que el desarrollo de actividades productivas y la protección de los recursos naturales requieren marcos regulatorios claros, información científica rigurosa y procedimientos ambientales sólidos que garanticen decisiones responsables sobre el uso del territorio.