El objetivo es establecer reglas claras, transparencia y distribución equitativa de los recursos. La iniciativa define cómo se calculan y controlan las regalías, garantizando trazabilidad y responsabilidad ambiental en toda la cadena productiva. Parte de los fondos se destinará a los municipios que adhieran a la ley. Con este marco, Mendoza avanza hacia un esquema moderno y federal.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó formalmente en la Legislatura el proyecto de Ley de Regalías Mineras, destinado a establecer reglas claras para la determinación, percepción, control y distribución de los recursos económicos generados por la actividad minera en la provincia.
Lo hizo acompañada del equipo de la Dirección de Minería, la vicegobernadora Hebe Casado; el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; el intendente de Malargüe, Celso Jaque; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
“Estamos presentando un proyecto de ley para regular las regalías mineras en la provincia de Mendoza. No teníamos ley de regalías en la provincia”, destacó Latorre. Además, explicó que la iniciativa busca otorgar previsibilidad jurídica, fortalecer la institucionalidad y asegurar una distribución transparente de los beneficios, con impacto territorial y ambiental positivo.
La norma se adecua a la Ley Nacional 24196 de Inversiones Mineras, que fija un máximo del 3% sobre el valor “boca mina” para la percepción de regalías, y a la adhesión provincial ya vigente. El proyecto destaca que este esquema permite sostener competitividad, evitar desalentar proyectos y mejorar la recaudación a través de mecanismos de trazabilidad y control.
Distribución y destino de los fondos
La recaudación obtenida en concepto de regalías se dividirá entre la Provincia y los municipios que adhieran a la ley. Los recursos municipales podrán tener destino en obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva, asegurando que la renta minera se traduzca en beneficios locales y visibles.
A su vez, una parte de la recaudación provincial se destinará al Fondo de Desarrollo Socioambiental, orientado a financiar acciones de control y monitoreo ambiental, fortalecer capacidades institucionales y promover la participación ciudadana en el seguimiento de los proyectos mineros. Este enfoque apunta a reforzar la licencia social de la actividad y garantizar estándares elevados de protección ambiental.
Transparencia, trazabilidad y control
El proyecto establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva, lo que permitirá disponer de datos actualizados, verificables y comparables sobre los volúmenes extraídos y comercializados.
Además, se prevén verificaciones presenciales, auditorías documentales y determinación de oficio en aquellos casos en que se detecten inconsistencias o incumplimientos.
Estas herramientas se complementarán con la implementación de sistemas digitales de trazabilidad de la producción y del flujo de regalías, que permitirán registrar y seguir en tiempo real el recorrido del mineral desde su extracción hasta su comercialización. El objetivo es reforzar la transparencia, mejorar la capacidad de control del Estado y fortalecer la confianza pública en la gestión de la actividad minera.
Se prevén incentivos para proyectos que incorporen procesamiento y transformación dentro de Mendoza, así como beneficios asociados al cumplimiento de estándares ambientales y de inclusión social. La finalidad es promover el empleo local, cadenas de proveedores regionales y mejores prácticas de sostenibilidad.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería, que contará con facultades para auditorías, inspecciones y acceso a documentación técnica y contable.
Con este proyecto, el Gobierno de Mendoza busca establecer un marco legal moderno, equitativo y transparente para la percepción de regalías mineras, reforzando la institucionalidad provincial, asegurando una adecuada distribución de la renta, acompañando los parámetros nacionales de inversión y consolidando las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible y la previsibilidad a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.
