Fernández explicó cómo se realizan los controles desde el Ministerio de Energía y Ambiente, con participación de organismos multisectoriales que realizan sus propios informes y que van desde instituciones educativas hasta ONGs, Irrigación y municipios.
Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, dijo en una entrevista en Radio La Red que la provincia mantiene una postura clara frente al desarrollo minero: avanzar con responsabilidad, controles estrictos y pleno respeto por el entorno natural. “Decimos sí a la minería, pero con controles rigurosos y respeto ambiental. Hagamos minería, pero hagámosla bien”, afirmó.
El funcionario explicó que la Dirección a su cargo abarca una amplia gama de competencias en materia ambiental, que incluyen la fiscalización de la actividad minera y petrolera, así como la gestión de residuos peligrosos, sólidos urbanos y patogénicos. “Contamos con inspectores y equipos técnicos que elaboran informes especializados sobre distintas problemáticas ambientales en todo el territorio provincial”, detalló.
En relación con el control ambiental minero, Fernández señaló que la provincia trabaja bajo tres ejes fundamentales. El primero corresponde a la Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, junto con la Policía Ambiental Minera, creada en 2024 para reforzar las tareas de campo. A esto se suma una Unidad de Gestión Ambiental, conformada por diversos organismos técnicos que intervienen en todas las etapas de los proyectos, desde su evaluación y habilitación hasta la supervisión posterior.
Respecto del proyecto San Jorge, el director explicó que esta unidad está compuesta por numerosos sectores e instituciones que aportan su mirada técnica y ambiental: la Universidad Nacional de Cuyo, la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Fundación UNCuyo, la Municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación, las direcciones de Vialidad, Hidráulica, Planificación Territorial, Transición Energética, Biodiversidad y Patrimonio Cultural, así como el EPRE, IADIZA, EMETUR, SEGEMAR, la Dirección Nacional de Vialidad y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “Cada institución realiza su propio trabajo, con profesionales especializados, garantizando una evaluación integral y transparente”, explicó.
Fernández destacó también el rol de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por organismos públicos, académicos y científicos. “La CEIAM analiza los aspectos técnicos, legales y administrativos de cada proyecto y emite un dictamen final. Fue este cuerpo el que otorgó su ratificación técnica y ambiental al proyecto PSJ Cobre Mendocino, luego de un proceso exhaustivo de revisión y participación ciudadana”, recordó.
Entre los organismos que conforman la CEIAM se encuentran el INTA, la Municipalidad de Las Heras, el CCT Conicet-Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección de Planificación Territorial, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, el Consejo Provincial del Ambiente y la Dirección de Minería.
En otro tramo de la entrevista, el funcionario subrayó que “cualquier proyecto minero debe presentar no solo su plan operativo, sino también un plan de cierre de mina que indique cómo se va a restaurar el ecosistema una vez finalizada la actividad. Además, se realiza un monitoreo anual para verificar que no existan impactos residuales”.
Fernández resaltó el trabajo realizado en comunicación y participación ciudadana, con talleres y audiencias públicas que han permitido acercar información de primera mano a los vecinos. “Desde el Ministerio entendimos que la ciudadanía debía conocer cómo se controla la minería. En Malargüe, los talleres sobre San Jorge fueron muy bien recibidos. Incluso realizamos audiencias públicas en etapas de exploración, aunque la ley no lo exige, porque creemos que la transparencia es fundamental”, sostuvo.
Por último, relató una experiencia en Uspallata que resume el valor del diálogo social: “En una audiencia, una vecina que había llegado con un grupo antiminero me dijo, a mitad del encuentro, que no entendía por qué había gente tan a favor y otra tan en contra. Esa es la importancia de estos espacios: que las personas escuchen, comprendan y participen con información real”.
“El compromiso del Gobierno de Mendoza es claro —concluyó Fernández—: impulsar el desarrollo económico y energético de la provincia, pero siempre con los más altos estándares de protección ambiental y con participación ciudadana. La minería puede hacerse bien, y en Mendoza estamos demostrando cómo hacerlo”.
